El abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, remitió ayer a la Delegación del Gobierno en Cataluña el informe solicitado por el Ayuntamiento de Vic, según el cual procede la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal, con independencia de que tengan o no residencia legal en territorio español. En consecuencia, y de acuerdo a lo que se detalla en el informe, “no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España.”.

El informe del Abogado del Estado concluye también que, para tramitar las solicitudes de extranjeros de inscribirse en el padrón municipal, debe considerarse válido y suficiente un pasaporte, aunque no cuente con el preceptivo visado. La Abogacía del Estado sostiene además que la doctrina para fundamentar este dictamen está contenida tanto en la legislación sobre extranjería como en las leyes relativas al Régimen Local, las cuales establecen que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

El informe precisa que las mencionadas leyes “no distinguen entre españoles ni extranjeros”. Además, entre otros aspectos, se especifica que los consistorios “no deben controlar a través del padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda”.

Por otro lado, el alcalde de Vic, Josep María Vida d’Abadal, al igual que varios regidores de su equipo de Gobierno (CiU, ERC y PSC), declinaron ayer valorar el dictamen, argumentando que todavía no lo habían recibido por vía oficial y sólo lo conocían a través de los medios de comunicación.

Paralelamente, una vez conocido el dictamen de la Abogacía del Estado, los concejales socialistas de Vic anunciaron su intención de rechazar la propuesta de no empadronar a los inmigrantes sin papeles.

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